El parlamentario tarijeño Fernando Barrientos (Podemos) presentó ayer ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra el presidente de la República, Evo Morales, además de autoridades del Gobierno y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por supuestas irregularidades en el proyecto de pavimentado de la carretera Potosí-Camargo-Tarija, también conocida como ‘ruta del sur’.
En dicha acusación se incluye también al ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, y a la titular de ABC, Patricia Ballivián, que supuestamente cometieron irregularidades en el proceso de reconducción del contrato con la empresa Queiroz Galvao, luego de que se produjera la rescisión unilateral por parte del Estado nacional.
Según el parlamentario, tanto Morales como las otras dos autoridades son responsables de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Barrientos recuerda que el Gobierno rompió el contrato al advertir sobre una mala ejecución, pero después decidió suscribir un ‘acta de entendimiento’ y continuar con la obra con la misma empresa.
El parlamentario advierte que el retorno de Queiroz Galvao a los trabajos en la ruta Potosí-Tarija se produjo pese a la serie de críticas y observaciones técnicas que salieron desde la misma administración gubernamental.
Según el denunciante, la empresa provocó daños económicos al Estado, los cuales estarían comprobados en auditorías realizadas por consultores especializados.
En dicha acusación se incluye también al ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, y a la titular de ABC, Patricia Ballivián, que supuestamente cometieron irregularidades en el proceso de reconducción del contrato con la empresa Queiroz Galvao, luego de que se produjera la rescisión unilateral por parte del Estado nacional.
Según el parlamentario, tanto Morales como las otras dos autoridades son responsables de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Barrientos recuerda que el Gobierno rompió el contrato al advertir sobre una mala ejecución, pero después decidió suscribir un ‘acta de entendimiento’ y continuar con la obra con la misma empresa.
El parlamentario advierte que el retorno de Queiroz Galvao a los trabajos en la ruta Potosí-Tarija se produjo pese a la serie de críticas y observaciones técnicas que salieron desde la misma administración gubernamental.
Según el denunciante, la empresa provocó daños económicos al Estado, los cuales estarían comprobados en auditorías realizadas por consultores especializados.
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