La empresa brasileña OAS Ltda está a cargo de tres de los principales proyectos viales del país. El Gobierno le encomendó la ejecución de los proyectos Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, Potosí-Uyuni y Potosí-Tarija.
El primero de ellos, que es parte del corredor de integración Bolivia-Brasil, fue adjudicado a la OAS —la única proponente— el 4 de agosto del 2008, por 415 millones de dólares. Con 306 kilómetros de extensión, el tramo une a los departamentos de Cochabamba y Beni y su construcción demandará cuatro años.
Sin embargo, el proyecto fue cuestionado desde distintos ámbitos. En septiembre de ese año, el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, denunció un sobreprecio de $us 200 millones; mientras que la Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme) de Cochabamba afirmó que existe una diferencia de $us 171 millones con relación al costo de construcción de carreteras similares.
La entonces presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, justificó el precio de la obra con la modalidad adoptada para su licitación —“llave en mano”— en la que el contratista se hace cargo del diseño final y la construcción.
Ramiro Heredia, gerente de Construcción de ABC, explicó de la misma manera las 22 enmiendas que el Documento Base de Contratación (DBC) sufrió durante el proceso de adjudicación.
Entre los cambios, el senador Jorge Aguilera (Podemos) cuestionó el haber quitado el mantenimiento de cinco años a cargo de la empresa y la carpeta asfáltica. Dijo que aún así, la vía costará $us 1,3 millones el kilómetro. En la misma línea, el diputado Fernando Barrientos afirmó que dos de las modificaciones disminuyen la calidad de la calzada.
Actualmente, el contrato entre ABC y OAS está suspendido hasta que el Congreso apruebe el crédito brasileño para financiar la construcción de la vía.
El otro proyecto en manos de la OAS es el que vincula a la ciudad de Potosí con la localidad de Uyuni; misma que alberga la reserva de litio más grande del mundo y uno de los principales atractivos turísticos del país.
Financiado en su mayoría con un crédito de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se adjudicó al consorcio brasileño-boliviano OAS-ECTOR el 9 de noviembre del 2006 por $us 83,29 millones.
La adjudicación ese año iba a ser directa, a través de un decreto que luego fue derogado, y por un monto de $us 130 millones, según denunció entonces Bakovic.
El contrato para la obra se firmó el 8 de mayo del 2007 y la carretera, con una longitud de 201 kilómetros, comenzó a construirse el 11 de julio de ese año.
Una auditoría interna al proceso de licitación de la vía halló un sobreprecio de $us 565.545 en el contrato y el incumplimiento del pliego de condiciones, por el que la empresa debió ser descalificada para la adjudicación.
El 7 de marzo, Ballivián admitió a este medio que el responsable de la licitación cometió un error de cálculo al no identificar la diferencia del 0,68% entre el monto recalculado de la ruta y el de la propuesta de OAS ECTOR. Indicó que el funcionario fue sancionado y que la equivocación se corrigió con una adenda al contrato que bajó el precio de la obra a 82,73 millones de dólares.
A casi dos años de su inicio, la construcción y pavimentación de la carretera Potosí-Uyuni tiene un avance de cerca del 30 por ciento, según informó Ballivián.
Este mes, el Gobierno anunció la reanudación de los trabajos de la ruta Potosí-Tarija, paralizados hace más de un año por conflictos con la anterior contratista.
“La empresa Queiroz Galvao (también brasileña) ha comunicado oficialmente a la ABC su decisión de desistir de continuar en el contrato para la construcción de las obras de la carretera Potosí-Tarija y su consentimiento de ceder el resto de obras y reparaciones pendientes a la empresa OAS Ltda”, informó Heredia.
Al respecto, Barrientos denunció que el ente caminero estaría tramitando un decreto ilícito, que permita que la Queiroz Galvao ceda la obra a su similar OAS, cuando la propia oficina técnica y jurídica de la ABC indicó que esta figura no existe y que violaría las normas básicas y el propio contrato.
La vía de integración para el sur del país se construye bajo la modalidad “llave en mano” y contempla una inversión total de $us 226 millones. La extensión total es de 410 kilómetros, de los cuales queda por ejecutar 240 kilómetros; 170 están asfaltados, pero 90 de ellos tienen defectos.
La OAS también se postuló para construir la doble vía La Paz- Oruro. Fue la única proponente en la primera licitación del proyecto y $us 369,5 millones por la obra, el doble del precio referencial ($us 180 millones).
En una segunda convocatoria, la empresa brasileña mantuvo un precio elevado. La otra constructora que se presentó a la misma fue observada por el Ministerio de Economía. La obra ahora será adjudicada por tramos.
En una entrevista con La Razón, Bakovic afirmó que “esta obsesión del MAS (Movimiento al Socialismo) por OAS no hace sino mostrar una preferencia indebida que va contra los principios de competencia y transparencia en las adjudicaciones, en un cuasi monopolio”.
El senador masista Félix Rojas negó un “favoritismo” hacia OAS y dijo que “todas las licitaciones se las hace de modo claro y que la Contraloría y otras instituciones dilucidarán si hubo algo ilícito”.
“Esta obsesión del MAS por OAS no hace sino mostrar una preferencia indebida que va contra los principios de competencia”.
JOSÉ MARÍA BAKOVIC.
El primero de ellos, que es parte del corredor de integración Bolivia-Brasil, fue adjudicado a la OAS —la única proponente— el 4 de agosto del 2008, por 415 millones de dólares. Con 306 kilómetros de extensión, el tramo une a los departamentos de Cochabamba y Beni y su construcción demandará cuatro años.
Sin embargo, el proyecto fue cuestionado desde distintos ámbitos. En septiembre de ese año, el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC), José María Bakovic, denunció un sobreprecio de $us 200 millones; mientras que la Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme) de Cochabamba afirmó que existe una diferencia de $us 171 millones con relación al costo de construcción de carreteras similares.
La entonces presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, justificó el precio de la obra con la modalidad adoptada para su licitación —“llave en mano”— en la que el contratista se hace cargo del diseño final y la construcción.
Ramiro Heredia, gerente de Construcción de ABC, explicó de la misma manera las 22 enmiendas que el Documento Base de Contratación (DBC) sufrió durante el proceso de adjudicación.
Entre los cambios, el senador Jorge Aguilera (Podemos) cuestionó el haber quitado el mantenimiento de cinco años a cargo de la empresa y la carpeta asfáltica. Dijo que aún así, la vía costará $us 1,3 millones el kilómetro. En la misma línea, el diputado Fernando Barrientos afirmó que dos de las modificaciones disminuyen la calidad de la calzada.
Actualmente, el contrato entre ABC y OAS está suspendido hasta que el Congreso apruebe el crédito brasileño para financiar la construcción de la vía.
El otro proyecto en manos de la OAS es el que vincula a la ciudad de Potosí con la localidad de Uyuni; misma que alberga la reserva de litio más grande del mundo y uno de los principales atractivos turísticos del país.
Financiado en su mayoría con un crédito de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se adjudicó al consorcio brasileño-boliviano OAS-ECTOR el 9 de noviembre del 2006 por $us 83,29 millones.
La adjudicación ese año iba a ser directa, a través de un decreto que luego fue derogado, y por un monto de $us 130 millones, según denunció entonces Bakovic.
El contrato para la obra se firmó el 8 de mayo del 2007 y la carretera, con una longitud de 201 kilómetros, comenzó a construirse el 11 de julio de ese año.
Una auditoría interna al proceso de licitación de la vía halló un sobreprecio de $us 565.545 en el contrato y el incumplimiento del pliego de condiciones, por el que la empresa debió ser descalificada para la adjudicación.
El 7 de marzo, Ballivián admitió a este medio que el responsable de la licitación cometió un error de cálculo al no identificar la diferencia del 0,68% entre el monto recalculado de la ruta y el de la propuesta de OAS ECTOR. Indicó que el funcionario fue sancionado y que la equivocación se corrigió con una adenda al contrato que bajó el precio de la obra a 82,73 millones de dólares.
A casi dos años de su inicio, la construcción y pavimentación de la carretera Potosí-Uyuni tiene un avance de cerca del 30 por ciento, según informó Ballivián.
Este mes, el Gobierno anunció la reanudación de los trabajos de la ruta Potosí-Tarija, paralizados hace más de un año por conflictos con la anterior contratista.
“La empresa Queiroz Galvao (también brasileña) ha comunicado oficialmente a la ABC su decisión de desistir de continuar en el contrato para la construcción de las obras de la carretera Potosí-Tarija y su consentimiento de ceder el resto de obras y reparaciones pendientes a la empresa OAS Ltda”, informó Heredia.
Al respecto, Barrientos denunció que el ente caminero estaría tramitando un decreto ilícito, que permita que la Queiroz Galvao ceda la obra a su similar OAS, cuando la propia oficina técnica y jurídica de la ABC indicó que esta figura no existe y que violaría las normas básicas y el propio contrato.
La vía de integración para el sur del país se construye bajo la modalidad “llave en mano” y contempla una inversión total de $us 226 millones. La extensión total es de 410 kilómetros, de los cuales queda por ejecutar 240 kilómetros; 170 están asfaltados, pero 90 de ellos tienen defectos.
La OAS también se postuló para construir la doble vía La Paz- Oruro. Fue la única proponente en la primera licitación del proyecto y $us 369,5 millones por la obra, el doble del precio referencial ($us 180 millones).
En una segunda convocatoria, la empresa brasileña mantuvo un precio elevado. La otra constructora que se presentó a la misma fue observada por el Ministerio de Economía. La obra ahora será adjudicada por tramos.
En una entrevista con La Razón, Bakovic afirmó que “esta obsesión del MAS (Movimiento al Socialismo) por OAS no hace sino mostrar una preferencia indebida que va contra los principios de competencia y transparencia en las adjudicaciones, en un cuasi monopolio”.
El senador masista Félix Rojas negó un “favoritismo” hacia OAS y dijo que “todas las licitaciones se las hace de modo claro y que la Contraloría y otras instituciones dilucidarán si hubo algo ilícito”.
“Esta obsesión del MAS por OAS no hace sino mostrar una preferencia indebida que va contra los principios de competencia”.
JOSÉ MARÍA BAKOVIC.
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