Han transcurrido ya ocho meses de la firma del contrato de diseño y construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de aproximadamente 360 kilómetros de longitud, y el proyecto no ha avanzado nada.
Las supuestas irregularidades en la suscripción del acuerdo “llave en mano” entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la constructora brasileña OAS han “congelado” en el Congreso el tratamiento y aprobación del contrato de financiamiento de la obra.
Una comisión del Senado ordenó una auditoría ante las insistentes denuncias de organizaciones de ingenieros sobre un presunto sobreprecio en el presupuesto del proyecto.
El proyecto está frenado debido a muchos factores coincidieron el vocero de la constructora OAS, Pablo Siles, autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB)-Cochabamba, José Méndez.
A tiempo de señalar que la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es de prioridad nacional, autoridades de la ABC informaron que “el contrato de cons-trucción suscrito con la brasileña OAS incorpora la cláusula suspensiva, que significa que mientras el Congreso Nacional no ratifique el crédito brasileño, no puede ejecutarse el financiamiento comprometido”.
El portavoz de OAS señaló que “nos encontramos a la espera de concretar el financiamiento y de que éste sea aprobado por el Congreso Boliviano como debe de ser”.
Modificaciones
El presidente de la SIB Cochabamba dijo que lamentaba que, en todo ese tiempo, la ABC “rechazó e ignoró sistemáticamente” la solicitud de modificar el contrato de cons-trucción con OAS debido a presuntas irregularidades cometidas en el proceso de licitación del proyecto, como haber adjudicado su construcción por un valor referencial de 415 mi-llones de dólares.
Observó que el contrato con la constructora brasileña establece un precio referencial de 1,5 millones de dólares por la construcción de un kilómetro de carretera, cuando en Bolivia los costos fluctúan entre 500 y 700 mil dólares por la misma longitud de carretera.
Con estimaciones técnicas de similares carreteras construidas en los últimos años en el país, advirtió que la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no debería costar más de 315 mi-llones de dólares, es decir 100 millones de dólares menos que el monto establecido en el contrato con la OAS.
En su criterio, el contrato debe ser modificado incluyendo el mantenimiento periódico de la carretera por cinco años; la provisión de asfalto; la ampliación del tramo hasta el río Mamoré (60 kilómetros); el di-seño de un trazo por el borde del Parque Isiboro Securé, que garantice la conservación de la flora, fauna y medioambiente; y que la superficie de rodadura sea de carpeta asfáltica, en vez de tratamiento superficial doble.
Siles dijo que la única instancia encargada de gestionar la modificación del contrato es la ABC, que no ha hecho ninguna solicitud en ese sentido.
LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EMÉRITOS COCHABAMBA
Cuestionan alto costo de la ruta
En 2003, el entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) elaboró una ficha técnica para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos calculando una inversión de 177,4 millones de dólares, cifra que actualizada a los precios de los materiales a diciembre de 2008 alcanza a 288 millones de dólares, incluido los trabajos de mantenimiento rutinario y el pavimento flexible del proyecto, dijo Gonzalo Maldonado, presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos Cochabamba (Asieme).
“Los estudios establecen que entre los precios referenciales de construcción establecidos por la ABC, para la licitación internacional de la carretera a Beni, que alcanza a 436 millones de dólares y la actualizada por Asieme que suma 288 millones de dólares, existes una diferencia de 150 millones de dólares en contra del Estado boliviano”, indicó.
Maldonado agregó que esa diferencia se debe a que el documento base de contratación (DBC) original de febrero 2008, que plantea construir la carretera con pavimento flexible o rígido, mantenimiento de garantía por cinco años y financiamiento del 100 por ciento a cargo de la empresa proponente, fue modificado por la ABC en julio del mismo año, ofertando construir su plataforma con tratamiento doble superficial, anulando el mantenimiento de garantía y reduciendo al 80 por ciento el financiamiento de la obra para la empresa adjudicataria del proyecto.
CaracterÍsticas actuales
El camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos de 360 kilómetros de longitud, aproximadamente, está conformado por cuatro tramos.
El tramo Villa Tunari-Isinuta, tiene plataforma mejorada con ripio, alcantarillas de reducido diámetro y puentes en los cursos de agua.
El trecho Isinuta-Escuela Ichoa es un camino de penetración mejorado con ripio, sin obras de drenaje.
Entre Escuela Ichia y Monte Grande no hay ruta de camino; mientras que la ruta Monte Grande-San Ignacio de Moxos es una senda abierta hasta los 60 kilómetros antes de San Ignacio.
Detalles de la carretera
La construcción de la carretera al Beni fue adjudicada a la empresa brasileña OAS Ltda por un monto de 415 millones de dólares bajo la modalidad “llave en mano” con financiamiento a ser gestionado por el proponente.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que une los departamentos de Cochabamba y Beni, tiene 3 mil metros en puentes y pasará por las localidades de Eterezama, Isinuta, Puerto Patiño, Santísima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos.
ANÁLISIS
“El incremento al costo directo es injustificado”
Planificar el desarrollo vial de las redes troncales del país es la razón de la existencia de la ABC, para ello deberá generar perfiles de proyecto estableciendo parámetros de costos de las diferentes infraestructuras, para administrar bien los recursos del Estado.
Para determinar el costo preferencial, el modelo de contrato “llave en mano” tiene normado un incremento al precio por cantidades de un 25 por ciento, que cubre los factores de riesgo. El costo promedio referencial por cantidades de 620 mil dólares por kilómetro ($us/Km) es acertado.
Los incrementos adicionales al costo directo son injustificados en el proyecto de la carretera a Beni. El precio referencial se incrementó a 1.425.587,65 $us/Km o sea en un 129,93 por ciento.
El costo real según normativa vigente para este contrato “llave en mano” debería ser de 775 mil $us/Km o sea un total de 237.150.000 dólares.
La ruta de este tramo, partiendo del respeto a la naturaleza, debe darse por la divisoria de cuencas, de las influencias de los ríos Tijamuchi y Apere, para evitar inundar áreas de bosques estables actualmente. Sin embargo, este camino afecta significativamente al Tipnis, zona indígena protegida de Yuracarés, Moxeños y Chimanes.
Toda licitación de gran magnitud y muy en especial del modo “llave en mano”, requiere como mínimo de responsabilidad, de la realización de un perfil de proyecto para el tramo licitado.
Si queremos vivir bien todos los bolivianos, protejamos nuestros recursos y realicemos inversiones correctas, es decir, con proyectos que respalden la realidad de los costos de mercado, haciendo conocer públicamente los presupuestos antes de ser licitados para que el control social (profesional) por medio de sus organizaciones los avale y no inversiones en las que no se conoce el valor real de las obras ni se garantiza su seguridad.
Se debe exigir a la ABC el cumplimiento de su rol técnico para el desarrollo vial planificado del país.
Para dilucidar el tema de los costos y las metodologías aplicadas en la determinación del costo referencial, es necesario que la Contraloría realice una auditoría técnica especializada y sea ésta quien defina si hay daño económico o no al Estado.
Hugo BalcÁzar | Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
Las supuestas irregularidades en la suscripción del acuerdo “llave en mano” entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la constructora brasileña OAS han “congelado” en el Congreso el tratamiento y aprobación del contrato de financiamiento de la obra.
Una comisión del Senado ordenó una auditoría ante las insistentes denuncias de organizaciones de ingenieros sobre un presunto sobreprecio en el presupuesto del proyecto.
El proyecto está frenado debido a muchos factores coincidieron el vocero de la constructora OAS, Pablo Siles, autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB)-Cochabamba, José Méndez.
A tiempo de señalar que la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es de prioridad nacional, autoridades de la ABC informaron que “el contrato de cons-trucción suscrito con la brasileña OAS incorpora la cláusula suspensiva, que significa que mientras el Congreso Nacional no ratifique el crédito brasileño, no puede ejecutarse el financiamiento comprometido”.
El portavoz de OAS señaló que “nos encontramos a la espera de concretar el financiamiento y de que éste sea aprobado por el Congreso Boliviano como debe de ser”.
Modificaciones
El presidente de la SIB Cochabamba dijo que lamentaba que, en todo ese tiempo, la ABC “rechazó e ignoró sistemáticamente” la solicitud de modificar el contrato de cons-trucción con OAS debido a presuntas irregularidades cometidas en el proceso de licitación del proyecto, como haber adjudicado su construcción por un valor referencial de 415 mi-llones de dólares.
Observó que el contrato con la constructora brasileña establece un precio referencial de 1,5 millones de dólares por la construcción de un kilómetro de carretera, cuando en Bolivia los costos fluctúan entre 500 y 700 mil dólares por la misma longitud de carretera.
Con estimaciones técnicas de similares carreteras construidas en los últimos años en el país, advirtió que la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no debería costar más de 315 mi-llones de dólares, es decir 100 millones de dólares menos que el monto establecido en el contrato con la OAS.
En su criterio, el contrato debe ser modificado incluyendo el mantenimiento periódico de la carretera por cinco años; la provisión de asfalto; la ampliación del tramo hasta el río Mamoré (60 kilómetros); el di-seño de un trazo por el borde del Parque Isiboro Securé, que garantice la conservación de la flora, fauna y medioambiente; y que la superficie de rodadura sea de carpeta asfáltica, en vez de tratamiento superficial doble.
Siles dijo que la única instancia encargada de gestionar la modificación del contrato es la ABC, que no ha hecho ninguna solicitud en ese sentido.
LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EMÉRITOS COCHABAMBA
Cuestionan alto costo de la ruta
En 2003, el entonces Servicio Nacional de Caminos (SNC) elaboró una ficha técnica para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos calculando una inversión de 177,4 millones de dólares, cifra que actualizada a los precios de los materiales a diciembre de 2008 alcanza a 288 millones de dólares, incluido los trabajos de mantenimiento rutinario y el pavimento flexible del proyecto, dijo Gonzalo Maldonado, presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos Cochabamba (Asieme).
“Los estudios establecen que entre los precios referenciales de construcción establecidos por la ABC, para la licitación internacional de la carretera a Beni, que alcanza a 436 millones de dólares y la actualizada por Asieme que suma 288 millones de dólares, existes una diferencia de 150 millones de dólares en contra del Estado boliviano”, indicó.
Maldonado agregó que esa diferencia se debe a que el documento base de contratación (DBC) original de febrero 2008, que plantea construir la carretera con pavimento flexible o rígido, mantenimiento de garantía por cinco años y financiamiento del 100 por ciento a cargo de la empresa proponente, fue modificado por la ABC en julio del mismo año, ofertando construir su plataforma con tratamiento doble superficial, anulando el mantenimiento de garantía y reduciendo al 80 por ciento el financiamiento de la obra para la empresa adjudicataria del proyecto.
CaracterÍsticas actuales
El camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos de 360 kilómetros de longitud, aproximadamente, está conformado por cuatro tramos.
El tramo Villa Tunari-Isinuta, tiene plataforma mejorada con ripio, alcantarillas de reducido diámetro y puentes en los cursos de agua.
El trecho Isinuta-Escuela Ichoa es un camino de penetración mejorado con ripio, sin obras de drenaje.
Entre Escuela Ichia y Monte Grande no hay ruta de camino; mientras que la ruta Monte Grande-San Ignacio de Moxos es una senda abierta hasta los 60 kilómetros antes de San Ignacio.
Detalles de la carretera
La construcción de la carretera al Beni fue adjudicada a la empresa brasileña OAS Ltda por un monto de 415 millones de dólares bajo la modalidad “llave en mano” con financiamiento a ser gestionado por el proponente.
La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que une los departamentos de Cochabamba y Beni, tiene 3 mil metros en puentes y pasará por las localidades de Eterezama, Isinuta, Puerto Patiño, Santísima Trinidad, Puerto Santo Domingo, Puerto Esperanza, Monte Grande, El Retiro y San Ignacio de Moxos.
ANÁLISIS
“El incremento al costo directo es injustificado”
Planificar el desarrollo vial de las redes troncales del país es la razón de la existencia de la ABC, para ello deberá generar perfiles de proyecto estableciendo parámetros de costos de las diferentes infraestructuras, para administrar bien los recursos del Estado.
Para determinar el costo preferencial, el modelo de contrato “llave en mano” tiene normado un incremento al precio por cantidades de un 25 por ciento, que cubre los factores de riesgo. El costo promedio referencial por cantidades de 620 mil dólares por kilómetro ($us/Km) es acertado.
Los incrementos adicionales al costo directo son injustificados en el proyecto de la carretera a Beni. El precio referencial se incrementó a 1.425.587,65 $us/Km o sea en un 129,93 por ciento.
El costo real según normativa vigente para este contrato “llave en mano” debería ser de 775 mil $us/Km o sea un total de 237.150.000 dólares.
La ruta de este tramo, partiendo del respeto a la naturaleza, debe darse por la divisoria de cuencas, de las influencias de los ríos Tijamuchi y Apere, para evitar inundar áreas de bosques estables actualmente. Sin embargo, este camino afecta significativamente al Tipnis, zona indígena protegida de Yuracarés, Moxeños y Chimanes.
Toda licitación de gran magnitud y muy en especial del modo “llave en mano”, requiere como mínimo de responsabilidad, de la realización de un perfil de proyecto para el tramo licitado.
Si queremos vivir bien todos los bolivianos, protejamos nuestros recursos y realicemos inversiones correctas, es decir, con proyectos que respalden la realidad de los costos de mercado, haciendo conocer públicamente los presupuestos antes de ser licitados para que el control social (profesional) por medio de sus organizaciones los avale y no inversiones en las que no se conoce el valor real de las obras ni se garantiza su seguridad.
Se debe exigir a la ABC el cumplimiento de su rol técnico para el desarrollo vial planificado del país.
Para dilucidar el tema de los costos y las metodologías aplicadas en la determinación del costo referencial, es necesario que la Contraloría realice una auditoría técnica especializada y sea ésta quien defina si hay daño económico o no al Estado.
Hugo BalcÁzar | Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles
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