La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó el proyecto de construcción de la carretera Potosí-Uyuni al consorcio brasileño-boliviano OAS-ECTOR, sin que éste cumpliera los requisitos del proyecto, según una auditoría al proceso de licitación.
“El proyecto Construcción y Pavimentación de la Carretera Potosí-Uyuni fue adjudicado a la Asociación Accidental OAS-ECTOR sin que ésta cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, cuyo incumplimiento debería haber dado lugar a la descalificación de la misma”, señala un informe emanado por la Unidad de Auditoría Interna de la ABC sobre el proceso de licitación de la obra, al que tuvo acceso La Razón.
El informe fue presentado el 7 de mayo del 2008 a la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián.
El proyecto, financiado en su mayoría con un crédito de $us 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se adjudicó al consorcio OAS-ECTOR el 9 de noviembre del 2006 por un monto de $us 83,2 millones.
La empresa OAS Ltda., parte del consorcio, es también la responsable de los proyectos Potosí-Tarija y Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Este último fue observado, debido a un presunto sobreprecio, por la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba y por la Comisión de Desarrollo Económico del Senado.
El contrato para la obra se firmó el 8 de mayo del 2007 y ésta se inició el 11 de julio de ese año, en un acto en el que participó el presidente Evo Morales.
Según el informe, la auditoría verificó una diferencia de $us 565.545 entre el monto de la propuesta económica del consorcio ($us 83,2 millones) y el monto recalculado ($us 82,7 millones).
El documento precisa que la diferencia entre los dos montos resultó de la existencia de errores en la determinación de precios unitarios de 54 ítems.
“La Comisión de Calificación debió adoptar el monto real obtenido en la revisión aritmética como el monto de la propuesta (económica) , es decir $us 82,7 millones”, señala el informe.
Entre los otros hallazgos de la auditoría, están observaciones a las especificaciones técnicas para los ítems de la obra. En este apartado, el informe evidencia deficiencias en el trabajo de la Consultora CAEM, responsable del proyecto a diseño final.
“La falta de especificaciones técnicas para ítems de obras y modificaciones al diseño y al pliego de especificaciones a través de enmiendas sin justificación técnica”, son las deficiencias a las que se hace referencia.
Se trata de las enmiendas 1, 19, 20 y 25. El informe da cuenta que modifican, sin respaldo, el pliego de condiciones en lo que se refiere al equipo mínimo, al precio referencial y a la creación de ítems adicionales para la ejecución de la obra.
Con relación al equipo mínimo, añade que “no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones” y que el consorcio “ha omitido adjuntar en su propuesta documentos que acrediten el derecho de propiedad de los equipos alquilados”.
Menciona además “una falta de concordancia” entre el cronograma de movilización del equipo y el de actividades de trabajo.
Asimismo, señala que estas anomalías “afectan los intereses económicos del Estado” y “podrían afectar la calidad de la obra y el tiempo de su ejecución”.
Finalmente, el informe de la Unidad de Auditoría Interna de la ABC concluye con una denuncia en contra de la ARPC (Autoridad Responsable del Proceso de Contratación), la Comisión de Evaluación y Calificación y otros por la licitación y la posible comisión de los delitos de: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La auditoría encuentra responsabilidad administrativa en ocho funcionarios de la ABC e instruye a Ballivián que inicie procesos internos contra éstos.
Actualmente, el proyecto Potosí-Uyuni está en plena ejecución a cargo de OAS ECTOR.
Ex jefe lanza nueva denuncia
El ex director de Vías Bolivia, Josué Salvatierra, denunció que tras su alejamiento del cargo, personal destituido en su gestión por irregularidades regresó a trabajar a la entidad caminera.
“Gran parte de la gente que saqué por irregularidades ha vuelto ahora a Vías Bolivia”, dijo ayer Salvatierra, en un contacto telefónico con La Razón.
El jueves, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, destituyó a Salvatierra del cargo por la presunta clonación de boletas de peaje.
A ello, el aludido sostuvo que su destitución se debió a un “problema personal” con la presidenta de la ABC, a quien acusó de “raptar” a uno de los funcionarios de su despacho para incriminarlo. Salvatierra precisó que entre las personas que regresaron a Vías Bolivia, luego de ser despedidos, están los responsables de la Dirección Nacional de Operaciones, la Dirección Jurídica y la Dirección Regional de Santa Cruz.
“El proyecto Construcción y Pavimentación de la Carretera Potosí-Uyuni fue adjudicado a la Asociación Accidental OAS-ECTOR sin que ésta cumpla con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones, cuyo incumplimiento debería haber dado lugar a la descalificación de la misma”, señala un informe emanado por la Unidad de Auditoría Interna de la ABC sobre el proceso de licitación de la obra, al que tuvo acceso La Razón.
El informe fue presentado el 7 de mayo del 2008 a la presidenta de la ABC, Patricia Ballivián.
El proyecto, financiado en su mayoría con un crédito de $us 75 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se adjudicó al consorcio OAS-ECTOR el 9 de noviembre del 2006 por un monto de $us 83,2 millones.
La empresa OAS Ltda., parte del consorcio, es también la responsable de los proyectos Potosí-Tarija y Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Este último fue observado, debido a un presunto sobreprecio, por la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba y por la Comisión de Desarrollo Económico del Senado.
El contrato para la obra se firmó el 8 de mayo del 2007 y ésta se inició el 11 de julio de ese año, en un acto en el que participó el presidente Evo Morales.
Según el informe, la auditoría verificó una diferencia de $us 565.545 entre el monto de la propuesta económica del consorcio ($us 83,2 millones) y el monto recalculado ($us 82,7 millones).
El documento precisa que la diferencia entre los dos montos resultó de la existencia de errores en la determinación de precios unitarios de 54 ítems.
“La Comisión de Calificación debió adoptar el monto real obtenido en la revisión aritmética como el monto de la propuesta (económica) , es decir $us 82,7 millones”, señala el informe.
Entre los otros hallazgos de la auditoría, están observaciones a las especificaciones técnicas para los ítems de la obra. En este apartado, el informe evidencia deficiencias en el trabajo de la Consultora CAEM, responsable del proyecto a diseño final.
“La falta de especificaciones técnicas para ítems de obras y modificaciones al diseño y al pliego de especificaciones a través de enmiendas sin justificación técnica”, son las deficiencias a las que se hace referencia.
Se trata de las enmiendas 1, 19, 20 y 25. El informe da cuenta que modifican, sin respaldo, el pliego de condiciones en lo que se refiere al equipo mínimo, al precio referencial y a la creación de ítems adicionales para la ejecución de la obra.
Con relación al equipo mínimo, añade que “no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones” y que el consorcio “ha omitido adjuntar en su propuesta documentos que acrediten el derecho de propiedad de los equipos alquilados”.
Menciona además “una falta de concordancia” entre el cronograma de movilización del equipo y el de actividades de trabajo.
Asimismo, señala que estas anomalías “afectan los intereses económicos del Estado” y “podrían afectar la calidad de la obra y el tiempo de su ejecución”.
Finalmente, el informe de la Unidad de Auditoría Interna de la ABC concluye con una denuncia en contra de la ARPC (Autoridad Responsable del Proceso de Contratación), la Comisión de Evaluación y Calificación y otros por la licitación y la posible comisión de los delitos de: uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La auditoría encuentra responsabilidad administrativa en ocho funcionarios de la ABC e instruye a Ballivián que inicie procesos internos contra éstos.
Actualmente, el proyecto Potosí-Uyuni está en plena ejecución a cargo de OAS ECTOR.
Ex jefe lanza nueva denuncia
El ex director de Vías Bolivia, Josué Salvatierra, denunció que tras su alejamiento del cargo, personal destituido en su gestión por irregularidades regresó a trabajar a la entidad caminera.
“Gran parte de la gente que saqué por irregularidades ha vuelto ahora a Vías Bolivia”, dijo ayer Salvatierra, en un contacto telefónico con La Razón.
El jueves, la presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Patricia Ballivián, destituyó a Salvatierra del cargo por la presunta clonación de boletas de peaje.
A ello, el aludido sostuvo que su destitución se debió a un “problema personal” con la presidenta de la ABC, a quien acusó de “raptar” a uno de los funcionarios de su despacho para incriminarlo. Salvatierra precisó que entre las personas que regresaron a Vías Bolivia, luego de ser despedidos, están los responsables de la Dirección Nacional de Operaciones, la Dirección Jurídica y la Dirección Regional de Santa Cruz.
Este medio trató ayer de conseguir la versión de Ballivián acerca de las acusaciones en su contra, pero esto no fue posible.
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