La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desmintió ayer que el contrato para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos esté suspendido por irregularidades y agregó que la ejecución no puede comenzar antes de la culminación de gestiones del Gobierno con su par brasileño para concretar el financiamiento.
De esta manera, la entidad caminera respondió una noticia, publicada ayer por el diario paceño La Razón, que indicaba que “el Gobierno suspendió el contrato suscrito entre la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y la brasileña OAS Ltda”.
“Ante las distintas publicaciones que hablan de una suspensión de la firma del contrato con la empresa adjudicada, la ABC desea precisar que dicho acto jurídico está condicionado a la aprobación del crédito brasileño por parte del Congreso Nacional”, dijo la estatal caminera en un comunicado de prensa.
Señaló que el contrato vigente incorpora la “cláusula suspensiva”, que significa que mientras el Congreso Nacional no ratifique el crédito brasileño, no puede ejecutarse el financiamiento comprometido. Añadió que primero es el crédito, después el contrato, y luego viene el desembolso.
La Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme) de Cochabamba cuestionó el contrato entre ABC y OAS por un supuesto costo demasiado alto. Esta observación, sin embargo, no fue tomada en cuenta.
Gestiones
“Existen gestiones a nivel de Gobierno para acelerar el financiamiento y la aprobación congresal del crédito, por lo cual no hay motivo para poner en duda la ejecución del proyecto, tal como erróneamente se informó en días pasados en algunos medios impresos del país”, indicó la ABC.
Señaló además que el Poder Ejecutivo “ha dado pasos significativos destinados a concretar este proyecto de integración nacional”.
De esta manera, la entidad caminera respondió una noticia, publicada ayer por el diario paceño La Razón, que indicaba que “el Gobierno suspendió el contrato suscrito entre la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y la brasileña OAS Ltda”.
“Ante las distintas publicaciones que hablan de una suspensión de la firma del contrato con la empresa adjudicada, la ABC desea precisar que dicho acto jurídico está condicionado a la aprobación del crédito brasileño por parte del Congreso Nacional”, dijo la estatal caminera en un comunicado de prensa.
Señaló que el contrato vigente incorpora la “cláusula suspensiva”, que significa que mientras el Congreso Nacional no ratifique el crédito brasileño, no puede ejecutarse el financiamiento comprometido. Añadió que primero es el crédito, después el contrato, y luego viene el desembolso.
La Asociación de Ingenieros Eméritos (Asieme) de Cochabamba cuestionó el contrato entre ABC y OAS por un supuesto costo demasiado alto. Esta observación, sin embargo, no fue tomada en cuenta.
Gestiones
“Existen gestiones a nivel de Gobierno para acelerar el financiamiento y la aprobación congresal del crédito, por lo cual no hay motivo para poner en duda la ejecución del proyecto, tal como erróneamente se informó en días pasados en algunos medios impresos del país”, indicó la ABC.
Señaló además que el Poder Ejecutivo “ha dado pasos significativos destinados a concretar este proyecto de integración nacional”.
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