Diferentes procesos judiciales llevados contra el ex Servicio Nacional de Caminos (SNC), ahora en liquidación, fueron ya ejecutoriados y dejaron una deuda de aproximadamente 50 millones de dólares para el Estado, informó ayer el liquidador de la institución, Carlos Jemio, a La Razón.
El funcionario explicó que la mayoría de los juicios fueron iniciados por empresas constructoras. Agregó que se encuentran en laudos arbitrales, debido a que se debe determinar responsabilidades e identificar a los causantes del daño económico, para que éstos sean sancionados.
Jemio señaló que existe otra deuda de la entidad caminera en liquidación, que asciende a 20 millones de bolivianos por concepto de beneficios sociales. A ésta, se suman otros procesos civiles que aún no fueron cuantificados, pero que podrían bordear los $us 30 millones.
En este contexto, la autoridad anticipó que se lleva adelante una auditoría externa, proceso que, además de establecer responsabilidades, determinará la exactitud del monto de todos los pasivos (deudas), de los que debe hacerse cargo el Estado.
“Se verá si el monto de 50 millones de dólares se ha congelado o ha aumentado”, manifestó.
La auditoría concluirá a fines de septiembre, y la evaluación de parte del SNC en liquidación durará cerca de un mes más; por lo que los resultados serán conocidos a finales de octubre.
“Entonces, mientras no tenga el conjunto de esos resultados, no puedo pedir recursos al TGN (Tesoro General de la Nación) para que se pueda pagar. No estamos negando las obligaciones que tiene el Estado, pero sí se debe dar cumplimiento a lo que establece la ley, que dice que se determine responsabilidades para el pago respectivo´, sostuvo.
Carlos Jemio indicó que quienes deberían hacerse cargo de la deuda deberían ser las personas responsables de estos daños.
No obstante, aclaró que si esto no sucede, el Estado tendrá que responsabilizarse por el pago de los pasivos existentes.
“Debe responder quien haya generado el daño económico. Las auditorías determinarán las responsabilidades para la repetición del pago. Es decir, quién debe responder las sumas o cuantías de importes, que en todo caso el Estado va a tener que pagar”.
En caso de que —finalmente— el Estado deba hacerse cargo de la cancelación de los pasivos del SNC en liquidación, el TGN no cuenta con esa cantidad de recursos para ejecutar el pago de forma inmediata. Por ello, es posible que se realice una programación de pagos, señaló la autoridad liquidadora.
En octubre del 2006, a través de la Ley 3506, fue creado el Servicio Nacional de Caminos en liquidación, paralelamente a la creación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el nuevo ente caminero estatal.
El objetivo del SNC en liquidación es continuar con todos los procesos judiciales de la entidad caminera y de recuperar las deudas, además de las trancas de cobro de peajes del país, labor que la concluyó hace dos días.
Procesos Toll SA y Cono Sur
El Servicio Nacional de Caminos (SNC) en liquidación tiene seis procesos con las empresas de cobro de peaje que operaban en el país (Toll SA y Cono Sur).
El primero (civil) fue interpuesto por Cono Sur contra las autoridades ejecutivas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Vías Bolivia y el SNC en liquidación, por incumplimiento y nulidad de contrato, a lo que se respondió por incumplimiento de inversiones.
El SNC en liquidación inició un proceso penal contra Cono Sur por perturbar la seguridad del servicio público, atentar contra la seguridad de transporte y desobediencia a la autoridad, debido a que la empresa se rehusó a dejar las trancas, a pesar de haber sido anoticiada.
Cono Sur solicitó un arbitraje contra el SNC en liquidación, en la Cámara de Comercio de Cochabamba, pretendiendo la devolución de impuestos (IVA e IT).
En el caso de Toll SA, el SNC le inició un proceso por la clonación de boletos y otra por la venta de boletos falsificados.
Adicionalmente, existe un proceso contra Toll SA, Cono Sur y ex autoridades de Caminos, por los delitos de suscripción de contratos lesivos al Estado y ganancias ilícitas, entre otros.
El funcionario explicó que la mayoría de los juicios fueron iniciados por empresas constructoras. Agregó que se encuentran en laudos arbitrales, debido a que se debe determinar responsabilidades e identificar a los causantes del daño económico, para que éstos sean sancionados.
Jemio señaló que existe otra deuda de la entidad caminera en liquidación, que asciende a 20 millones de bolivianos por concepto de beneficios sociales. A ésta, se suman otros procesos civiles que aún no fueron cuantificados, pero que podrían bordear los $us 30 millones.
En este contexto, la autoridad anticipó que se lleva adelante una auditoría externa, proceso que, además de establecer responsabilidades, determinará la exactitud del monto de todos los pasivos (deudas), de los que debe hacerse cargo el Estado.
“Se verá si el monto de 50 millones de dólares se ha congelado o ha aumentado”, manifestó.
La auditoría concluirá a fines de septiembre, y la evaluación de parte del SNC en liquidación durará cerca de un mes más; por lo que los resultados serán conocidos a finales de octubre.
“Entonces, mientras no tenga el conjunto de esos resultados, no puedo pedir recursos al TGN (Tesoro General de la Nación) para que se pueda pagar. No estamos negando las obligaciones que tiene el Estado, pero sí se debe dar cumplimiento a lo que establece la ley, que dice que se determine responsabilidades para el pago respectivo´, sostuvo.
Carlos Jemio indicó que quienes deberían hacerse cargo de la deuda deberían ser las personas responsables de estos daños.
No obstante, aclaró que si esto no sucede, el Estado tendrá que responsabilizarse por el pago de los pasivos existentes.
“Debe responder quien haya generado el daño económico. Las auditorías determinarán las responsabilidades para la repetición del pago. Es decir, quién debe responder las sumas o cuantías de importes, que en todo caso el Estado va a tener que pagar”.
En caso de que —finalmente— el Estado deba hacerse cargo de la cancelación de los pasivos del SNC en liquidación, el TGN no cuenta con esa cantidad de recursos para ejecutar el pago de forma inmediata. Por ello, es posible que se realice una programación de pagos, señaló la autoridad liquidadora.
En octubre del 2006, a través de la Ley 3506, fue creado el Servicio Nacional de Caminos en liquidación, paralelamente a la creación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el nuevo ente caminero estatal.
El objetivo del SNC en liquidación es continuar con todos los procesos judiciales de la entidad caminera y de recuperar las deudas, además de las trancas de cobro de peajes del país, labor que la concluyó hace dos días.
Procesos Toll SA y Cono Sur
El Servicio Nacional de Caminos (SNC) en liquidación tiene seis procesos con las empresas de cobro de peaje que operaban en el país (Toll SA y Cono Sur).
El primero (civil) fue interpuesto por Cono Sur contra las autoridades ejecutivas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Vías Bolivia y el SNC en liquidación, por incumplimiento y nulidad de contrato, a lo que se respondió por incumplimiento de inversiones.
El SNC en liquidación inició un proceso penal contra Cono Sur por perturbar la seguridad del servicio público, atentar contra la seguridad de transporte y desobediencia a la autoridad, debido a que la empresa se rehusó a dejar las trancas, a pesar de haber sido anoticiada.
Cono Sur solicitó un arbitraje contra el SNC en liquidación, en la Cámara de Comercio de Cochabamba, pretendiendo la devolución de impuestos (IVA e IT).
En el caso de Toll SA, el SNC le inició un proceso por la clonación de boletos y otra por la venta de boletos falsificados.
Adicionalmente, existe un proceso contra Toll SA, Cono Sur y ex autoridades de Caminos, por los delitos de suscripción de contratos lesivos al Estado y ganancias ilícitas, entre otros.
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