El SNC-L afirma que Conosur no cumplió con su compromiso de inversiones en el país.
La empresa Conosur interpuso un arbitraje para la devolución de 30 millones de bolivianos en contra de Servicio Nacional de Caminos en liquidación (SNC-L) y se resiste a dejar el control de peajes que fue asumido plenamente desde ayer por el Estado.
El gerente del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC), Carlos Jemio, informó que Conosur interpuso un arbitraje en la Cámara Departamental de Comercio de Cochabamba, con el que demanda la devolución del dinero por concepto del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT).
Según Jemio, la empresa justifica que las boletas de peaje que se les entregó no tenían derecho a crédito fiscal. “Piden 30 millones de bolivianos de devolución del IVA e IT que habrían pagado. Esto no será posible porque toda actividad que genera ingresos debe tributar de acuerdo con la Ley 843”.
La Prensa trató de hablar con el presidente de Conosur, Jorge López, pero su teléfono celular estaba apagado.
Conosur tenía el manejo de los peajes de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, donde por la administración se quedaba con una comisión que fluctuaba entre el 18,08 por ciento y el 40 por ciento de los ingresos por el cobro de peaje.
El 1 de febrero de 2007, los controles de esos retenes pasaron a manos de Vías Bolivia, una vez terminados los contratos. Y ayer, después de diez años de privatización, el Estado consolidó su retoma de las 125 trancas que hay en el país con la recuperación de los puestos de peaje de La Paz y Oruro, que estaban manejados por Toll S.A., cuyo convenio también feneció.
Jemio aseguró que el Estado asumirá la defensa en el arbitraje y no permitirá que haya más perjuicios, como la resistencia que opuso la empresa para no entregar las trancas.
Señaló que Conosur se niega a dejar las trancas, amparada en un fallo judicial que le favoreció y en el que demandaba el cumplimiento de contrato pero que para el Estado no tiene valor debido a que feneció su convenio de operaciones y éste adquiere fuerza legal entre las partes.
Debido a la resistencia, el SNC-L inició un proceso penal contra sus ejecutivos.
Las observaciones
El ex SNC considera que la empresa, además, incumplió sus compromisos de inversión y será sometida a un proceso de auditoría al igual que Toll S.A.
Recordó que la operadora privada se comprometió a inyectar unos 700.000 dólares, pero sólo invirtió la mitad (alrededor de 350.000).
Jemio explicó que, en diez años de operación de las trancas por parte de empresas privadas, el Estado nacional dejó de percibir 140 millones de bolivianos de ingresos por inversiones omitidas e importes de peajes que se dejaron de entregar en forma regular.
Un tercer proceso que se ventila en la justicia es una demanda de Conosur para que se le devuelvan 20.000 dólares por un “perdonazo” del que se favoreció. Por la comisión del 30 por ciento que percibía, la empresa estaba obligada a pagar tributos.
Con la retoma de los retenes, el Estado se compromete a mejorar la infraestructura que en el área rural está menor atendida.
Además pretende asignar al manejo sólo el 17 por ciento de las recaudaciones.
Vías Bolivia evaluará nuevas tarifas en dos meses
Vías Bolivia definirá para noviembre las nuevas tarifas de peajes de las 125 trancas que controla desde ayer en todo el país.
El gerente de la empresa, Álvaro Ríos, explicó que en dos meses se hará la evaluación correspondiente para determinar el ajuste.
Recordó que las tasas en los retenes del país no se revisan desde la gestión 1992, cuando se fijaron por última vez, y es hora de que se haga un nuevo estudio. “La evaluación concluirá en noviembre y ahí se tendrá un parámetro y luego entraremos en concertación con los choferes”.
Según Ríos, con el costo de vida más alto, lo lógico es que el ajuste se haga hacia arriba, pero se debe proceder con un análisis exhaustivo de la forma en la que se definieron hace 16 años.
Explicó que las tarifas se fijan en cada tranca del país en función del tipo de carretera, vehículo, el peso y el flujo. Además se debe tomar en cuenta si el puesto es de cobro de peajes o de control de pesos, por eso su definición es compleja.
De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el peaje de la Autopista de El Alto los vehículos públicos livianos pagan 1,60 bolivianos; los particulares, dos bolivianos; los medianos, tres bolivianos; los pesados, 3,80 y los de alta capacidad, 4,50 bolivianos.
En la tranca de Urujara, los micros y buses de 3,5 toneladas pagan de cuatro a cinco bolivianos y según el peso otros pueden llegar a erogar 102 bolivianos.
La empresa Conosur interpuso un arbitraje para la devolución de 30 millones de bolivianos en contra de Servicio Nacional de Caminos en liquidación (SNC-L) y se resiste a dejar el control de peajes que fue asumido plenamente desde ayer por el Estado.
El gerente del ex Servicio Nacional de Caminos (SNC), Carlos Jemio, informó que Conosur interpuso un arbitraje en la Cámara Departamental de Comercio de Cochabamba, con el que demanda la devolución del dinero por concepto del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT).
Según Jemio, la empresa justifica que las boletas de peaje que se les entregó no tenían derecho a crédito fiscal. “Piden 30 millones de bolivianos de devolución del IVA e IT que habrían pagado. Esto no será posible porque toda actividad que genera ingresos debe tributar de acuerdo con la Ley 843”.
La Prensa trató de hablar con el presidente de Conosur, Jorge López, pero su teléfono celular estaba apagado.
Conosur tenía el manejo de los peajes de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, donde por la administración se quedaba con una comisión que fluctuaba entre el 18,08 por ciento y el 40 por ciento de los ingresos por el cobro de peaje.
El 1 de febrero de 2007, los controles de esos retenes pasaron a manos de Vías Bolivia, una vez terminados los contratos. Y ayer, después de diez años de privatización, el Estado consolidó su retoma de las 125 trancas que hay en el país con la recuperación de los puestos de peaje de La Paz y Oruro, que estaban manejados por Toll S.A., cuyo convenio también feneció.
Jemio aseguró que el Estado asumirá la defensa en el arbitraje y no permitirá que haya más perjuicios, como la resistencia que opuso la empresa para no entregar las trancas.
Señaló que Conosur se niega a dejar las trancas, amparada en un fallo judicial que le favoreció y en el que demandaba el cumplimiento de contrato pero que para el Estado no tiene valor debido a que feneció su convenio de operaciones y éste adquiere fuerza legal entre las partes.
Debido a la resistencia, el SNC-L inició un proceso penal contra sus ejecutivos.
Las observaciones
El ex SNC considera que la empresa, además, incumplió sus compromisos de inversión y será sometida a un proceso de auditoría al igual que Toll S.A.
Recordó que la operadora privada se comprometió a inyectar unos 700.000 dólares, pero sólo invirtió la mitad (alrededor de 350.000).
Jemio explicó que, en diez años de operación de las trancas por parte de empresas privadas, el Estado nacional dejó de percibir 140 millones de bolivianos de ingresos por inversiones omitidas e importes de peajes que se dejaron de entregar en forma regular.
Un tercer proceso que se ventila en la justicia es una demanda de Conosur para que se le devuelvan 20.000 dólares por un “perdonazo” del que se favoreció. Por la comisión del 30 por ciento que percibía, la empresa estaba obligada a pagar tributos.
Con la retoma de los retenes, el Estado se compromete a mejorar la infraestructura que en el área rural está menor atendida.
Además pretende asignar al manejo sólo el 17 por ciento de las recaudaciones.
Vías Bolivia evaluará nuevas tarifas en dos meses
Vías Bolivia definirá para noviembre las nuevas tarifas de peajes de las 125 trancas que controla desde ayer en todo el país.
El gerente de la empresa, Álvaro Ríos, explicó que en dos meses se hará la evaluación correspondiente para determinar el ajuste.
Recordó que las tasas en los retenes del país no se revisan desde la gestión 1992, cuando se fijaron por última vez, y es hora de que se haga un nuevo estudio. “La evaluación concluirá en noviembre y ahí se tendrá un parámetro y luego entraremos en concertación con los choferes”.
Según Ríos, con el costo de vida más alto, lo lógico es que el ajuste se haga hacia arriba, pero se debe proceder con un análisis exhaustivo de la forma en la que se definieron hace 16 años.
Explicó que las tarifas se fijan en cada tranca del país en función del tipo de carretera, vehículo, el peso y el flujo. Además se debe tomar en cuenta si el puesto es de cobro de peajes o de control de pesos, por eso su definición es compleja.
De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en el peaje de la Autopista de El Alto los vehículos públicos livianos pagan 1,60 bolivianos; los particulares, dos bolivianos; los medianos, tres bolivianos; los pesados, 3,80 y los de alta capacidad, 4,50 bolivianos.
En la tranca de Urujara, los micros y buses de 3,5 toneladas pagan de cuatro a cinco bolivianos y según el peso otros pueden llegar a erogar 102 bolivianos.
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