La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), filial Cochabamba, exhortó públicamente ayer a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) renegociar los términos del contrato de construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, adjudicada en agosto pasado a la empresa brasileña OAS, debido a que considera que el precio actual tiene un sobreprecio de unos 100 millones de dólares.
La ABC respondió que volver a negociar el contrato no es posible.
Los ingenieros proponen incorporar al proyecto unas cinco obras imprescindibles, que fueron obviadas del acuerdo, que justifiquen la inversión aprobada de 415 millones de dólares.
El presidente de la SIB Cochabamba, José Méndez, informó que, según estimaciones técnicas y datos de similares carreteras construidas en los últimos años, la construcción del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no debería costar más de 315 millones de dólares, es decir, 100 millones de dólares menos que el monto establecido en el contrato de adjudicación a OAS.
Por el valor de esa diferencia, la SIB exhorta a la ABC incorporar en el contrato de construcción como responsabilidad de OAS: el mantenimiento por cinco años; la provisión de asfalto; la ampliación del tramo hasta el río Mamoré (60 kilómetros); un trazo por el borde del parque Isidoro Securé, que garantice la conservación de la flora, fauna y medio ambiente; y que la superficie de rodadura sea de carpeta asfáltica, en vez de tratamiento superficial doble.
La Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba también denunció que halló sobreprecio en el contrato.
El gerente de Construcción de la ABC, Ramiro Heredia, desahució el pedido de la SIB debido a que "existe una licitación pública y una adjudicación de obras, que debe cumplirse" y admitió que en el proceso de adjudicación se excluyó como responsabilidad del contratista tanto el mantenimiento como la provisión de asfalto, atendiendo las enmiendas practicadas al pliego de licitación.
Sobre la posibilidad de incluir en el contrato con OAS los ítems sugeridos, dijo que no es posible, "considerando que existe una licitación con ciertas características y condicionantes, y que el contrato ha sido suscrito en base a ese trámite licitatorio".
Errores
El presidente de la SIB Cochabamba, José Méndez, explicó que el contrato firmado en agosto pasado con la empresa OAS establece un precio referencial de 1,5 millones de dólares por la construcción de un kilómetro de carretera, cuando en Bolivia los costos por esa longitud fluctúan entre 500 y 700 mil dólares.
En su criterio, la ABC cometió errores, que todavía puede enmendarlos antes de que el Congreso nacional apruebe el contrato de adjudicación y financiamiento de la carretera a Beni.
Méndez explicó que, según los contratos de adjudicación denominados "llave en mano", los contratistas que se adjudican la obra tienen la responsabilidad de elaborar el diseño, ejecutar la construcción, garantizar el financiamiento y realizar el mantenimiento de la carretera. Observó que en el proceso de licitación se hicieron tres enmiendas que debilitaron mucho el proyecto, porque excluyeron de la responsabilidad del contratista los trabajos de mantenimiento y la provisión del asfalto.
Considerando que se trata del proyecto carretero más grande de Bolivia, tanto por la extensión, 306 kilómetros, como por la inversión que supera los 415 millones de dólares, demandó a ABC asumir con responsabilidad semejante obra y proceder a la contratación de una consultora que realice el cálculo del precio de referencia de la carretera, tal como sugirió la presidenta interina de la entidad estatal de caminos, Patricia Ballivián.
Piden institucionalizar todos los cargos en ABC
Ante la constante rotación de personal administrativo en la ABC, la SIB Cochabamba pidió al Gobierno institucionalizar todos los cargos, para darle mayor solvencia técnica a la entidad estatal de caminos, encargada del diseño, construcción y mantenimiento de la Red Vial Fundamental (RVF).
El presidente de la organización privada, José Méndez, informó que en los últimos meses y por diferentes razones se registraron cambios inexplicables en una mayoría de las gerencias, que deben concluir mediante un retorno a la institucionalización de cargos.
La ABC respondió que volver a negociar el contrato no es posible.
Los ingenieros proponen incorporar al proyecto unas cinco obras imprescindibles, que fueron obviadas del acuerdo, que justifiquen la inversión aprobada de 415 millones de dólares.
El presidente de la SIB Cochabamba, José Méndez, informó que, según estimaciones técnicas y datos de similares carreteras construidas en los últimos años, la construcción del tramo Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no debería costar más de 315 millones de dólares, es decir, 100 millones de dólares menos que el monto establecido en el contrato de adjudicación a OAS.
Por el valor de esa diferencia, la SIB exhorta a la ABC incorporar en el contrato de construcción como responsabilidad de OAS: el mantenimiento por cinco años; la provisión de asfalto; la ampliación del tramo hasta el río Mamoré (60 kilómetros); un trazo por el borde del parque Isidoro Securé, que garantice la conservación de la flora, fauna y medio ambiente; y que la superficie de rodadura sea de carpeta asfáltica, en vez de tratamiento superficial doble.
La Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba también denunció que halló sobreprecio en el contrato.
El gerente de Construcción de la ABC, Ramiro Heredia, desahució el pedido de la SIB debido a que "existe una licitación pública y una adjudicación de obras, que debe cumplirse" y admitió que en el proceso de adjudicación se excluyó como responsabilidad del contratista tanto el mantenimiento como la provisión de asfalto, atendiendo las enmiendas practicadas al pliego de licitación.
Sobre la posibilidad de incluir en el contrato con OAS los ítems sugeridos, dijo que no es posible, "considerando que existe una licitación con ciertas características y condicionantes, y que el contrato ha sido suscrito en base a ese trámite licitatorio".
Errores
El presidente de la SIB Cochabamba, José Méndez, explicó que el contrato firmado en agosto pasado con la empresa OAS establece un precio referencial de 1,5 millones de dólares por la construcción de un kilómetro de carretera, cuando en Bolivia los costos por esa longitud fluctúan entre 500 y 700 mil dólares.
En su criterio, la ABC cometió errores, que todavía puede enmendarlos antes de que el Congreso nacional apruebe el contrato de adjudicación y financiamiento de la carretera a Beni.
Méndez explicó que, según los contratos de adjudicación denominados "llave en mano", los contratistas que se adjudican la obra tienen la responsabilidad de elaborar el diseño, ejecutar la construcción, garantizar el financiamiento y realizar el mantenimiento de la carretera. Observó que en el proceso de licitación se hicieron tres enmiendas que debilitaron mucho el proyecto, porque excluyeron de la responsabilidad del contratista los trabajos de mantenimiento y la provisión del asfalto.
Considerando que se trata del proyecto carretero más grande de Bolivia, tanto por la extensión, 306 kilómetros, como por la inversión que supera los 415 millones de dólares, demandó a ABC asumir con responsabilidad semejante obra y proceder a la contratación de una consultora que realice el cálculo del precio de referencia de la carretera, tal como sugirió la presidenta interina de la entidad estatal de caminos, Patricia Ballivián.
Piden institucionalizar todos los cargos en ABC
Ante la constante rotación de personal administrativo en la ABC, la SIB Cochabamba pidió al Gobierno institucionalizar todos los cargos, para darle mayor solvencia técnica a la entidad estatal de caminos, encargada del diseño, construcción y mantenimiento de la Red Vial Fundamental (RVF).
El presidente de la organización privada, José Méndez, informó que en los últimos meses y por diferentes razones se registraron cambios inexplicables en una mayoría de las gerencias, que deben concluir mediante un retorno a la institucionalización de cargos.
En su criterio, "es tiempo de acabar con los interinatos o nombramientos a dedo, como ha sucedido hasta ahora", designando a las nuevas autoridades y gerentes de ABC en base a méritos, formación y trayectoria profesional, establecidos por ley. "Tiene que haber gente con la formación y experiencia necesarias para asumir esas responsabilidades", dijo Méndez y observó que las actuales autoridades no tienen capacidad de escuchar y digerir positivamente observaciones de la SIB, que son, sobre todo, de carácter técnico.
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