lunes, 27 de abril de 2009

Queiroz Galvao debe al Estado US$ 33 millones

La empresa Queiroz Galvao le adeuda al Estado boliviano 33 millones de dólares, de acuerdo a un informe presentado por el equipo de fiscalización del proyecto del tramo vial Santa Bárbara- Cuchu Ingenio en la carretera Tarija- Potosí y el ramal Bella Vista-Vitichi- Cotagaita, en la ruta Potosí-Villazón, por incumplimiento en varios ítems contemplados en el contrato y que no fueron contemplados por la ABC.

El diputado de Poder Democrático y Social, Fernando Barrientos Iñiguez, señaló que debieron efectuarse deducciones por 33 millones de dólares, porque sólo en pérdida de cemento la cifra alcanzó a 5.304.009 dólares, pero además se incluyen afectaciones ambientales para la construcción de la carretera, obras defectuosas que no debieron ser recibidas por la Administradora Boliviana de Carreteras, el pavimento con fisuras y otras.

Consideró que la que debe exigir que Queiroz asuma la deuda de los 33 millones de dólares, de acuerdo al fiscal de obras, es la ABC, lo cual significa que quienes trabajaron con Patricia Ballivián “laburaron como sastres a la medida para beneficiar a la empresa brasileña Queiroz Galvao”.

CONTRATO

En la carretera que une a los tres departamentos del sur del país, el monto del contrato suscrito con la empresa brasileña Queiroz Galvao es de 226.000.000 de dólares, sin embargo, en el laudo arbitral la diferencia entre lo ofertado por la contratista es de 271.911.000 dólares, lo aceptado finalmente por la ABC llegó a 226.000.000.

La contratista extranjera debió efectuar una devolución de boletas de garantía por 13.344.728 dólares, monto que se iba a descontar de los certificados de pago a la empresa, correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2007, pero tal situación no llegó a cumplirse.

Queiroz Galvao no concluyó con las obras y la ABC procedió a la resolución del contrato, sin embargo, tiempo después la empresa brasileña decidió retornar, pero en su lugar ingresaba otra contratista extranjera.

SUBROGACIÓN

Sin embargo, Queiroz Galvao subroga el contrato en su totalidad a favor de la empresa OAS, también brasileña, lo que es aceptado por el contratante, en este caso ABC, para que se proceda a la finalización de la obra.

No obstante, OAS presenta la solicitud de considerar la variación de precios de los insumos a utilizarse en la obra durante el tiempo de un año y medio de paralización de la obra, se acuerda acudir a un proceso de arbitraje por equidad cuyo objeto será la determinación de montos que podrían afectar directamente al monto de la obra por ejecutarse hasta un monto máximo de 8.000.000 de dólares.

La empresa Queiroz Galvao incluye otro pagos por diferentes conceptos, por ejemplo la suma de 1.949.843 como un saldo pendiente por pago de certificados de avance de obras desde el número 31 al 37, el de 4.523.462 dólares por revisión y conciliación a la favor de la empresa, otro monto por 4.774.625 dólares por el laudo arbitral a causa del stand by en la obra Guarayos-San Pablo.

De igual manera, la contratista reclama en un laudo arbitral 1.182.088 dólares por el stand by de maquinaria en la ruta Padcaya-La Mamora y de 4.630.661 dólares por otro laudo arbitral por stand by en la ruta Río Seco-Desaguadero.

Lo que totaliza un monto de 25.060.679 dólares.

Barrientos dijo que según el contrato Nº 118/ 09 el acuerdo es por 22 millones de dólares entre la ABC y la OAS, pero el monto de acuerdo al contrato y la subrogación se incrementaría en 25 millones de dólares adicionales.

Sumando todo lo mencionado son 25.060.679 dólares adicionales, lo que significa un valor total de la obra de 251.060.679.

“Llama la atención que se reconozca los laudos arbitrales a la Quiroz Galvao y nadie reconoce el stand by al pueblo boliviano, por los más de 2 años que se paralizó la obra Tarija- Potosí y la caída del túnel falso en la ruta Tarija-Bermejo”, añadió.

El diputado podemista acotó que aparte de la irregularidad e ilegalidad de los contratos resulta que se devolvió 13.860.000 de dólares a la Queiroz Galvao por la boleta de garantía que no se ejecutó.

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