“Los 47 ‘vacaductos’ son una opción segura para que crucen los rebaños de ovejas y vacas en las áreas rurales”, enfatiza el jefe de Fiscalización de la obra, Nelson Perales. Esta carretera cruza por territorios dedicados a la ganadería para la producción de leche y cultivos de quinua y papa, que generan ingresos a los campesinos que habitan en estos municipios. En la actual vía no se cuenta con estas opciones para el tránsito de animales.
“Con la Doble Vía va a llegar la modernidad a nuestra población; podremos viajar en menor tiempo a La Paz o a Oruro y venderemos más seguido nuestros productos”, expresó el presidente del Concejo Municipal de Ayo Ayo, David Mollo, respecto a los beneficios que este municipio obtendrá con la construcción de esta vía, cuya conclusión se estima para febrero del 2014.
Esta segunda vía correrá paralela a la actual que forma parte del corredor bioceánico y vincula a Bolivia con los océanos Pacífico y Atlántico. Fue construida en 1971.
La Razón realizó un recorrido por el primer tramo en construcción y observó que “también se van a construir pasarelas” en las áreas urbanas para que la gente pueda cruzar libremente, aseguró Perales.
El proyecto se inició el 24 de junio del 2010 e incorpora en su diseño elementos que tienen como objetivo mejorar la seguridad vial e impulsar el desarrollo rural.
Construyen tres circunvalaciones que bordearán a las poblaciones de El Tholar, Patacamaya y Caracollo. La actual carretera pasa por el centro de estas poblaciones.
VIADUCTOS. Perales añade que para facilitar el cruce de vehículos se ha contemplado la ejecución de seis viaductos: dos en El Alto, dos en Patacamaya, uno en Caracollo y el último en Oruro. “Éstos disminuirán el peligro en las poblaciones con alta concentración de personas, permitirán el paso transversal de las movilidades sobre las dos vías, como sucede con el puente Bolivia (en El Alto)”, indicó. Asimismo, se construirán 13 puentes y 26 pasarelas.
Consolidar el diseño no fue tarea fácil, requirió de un consenso entre pobladores, gobiernos municipales de La Paz y Oruro, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y las empresas que se hacen cargo de ejecutarla. “Porque en algunos casos los comunarios querían que la vía pase por el medio de las comunidades y en otros, no”, recordó Perales.
El concejal Mollo subrayó que se tropezó con algunos problemas que fueron solucionados respetando los derechos de propiedad y cultivos afectados por el Derecho de Vía. La norma vigente asigna 50 metros a cada lado de la carretera como propiedad del Estado; rige para colocar tubos, cañerías, ductos de gas y electricidad y construir o ampliar carreteras.
“Las propiedades, (casas o terrenos), consolidadas antes de 1998 (año de emisión del decreto) en esa área tienen una compensación. Se está cancelando (en efectivo o por cheque) el valor del terreno de la cosecha y en el caso de una construcción, la modificamos o reconstruimos”, explica Perales.
Un grupo de reposición de pérdidas, conformado por ingenieros, agrónomos y sociólogos se encarga de verificar donde se reubicarán los postes de electricidad, vallas y letreros de fibra óptica que estaban en el camino antiguo.
Humberto Nazra, superintendente del Consorcio Santa Fe Copesa, dijo que el plan para mitigar el daño ambiental tiene tres pilares: control de calidad, cuidado ambiental y seguridad. “Una vez que abandonemos el yacimiento (de áridos), el lugar será explanado para colocar encima material orgánico y será revegetado”, manifestó.
TRAMOS Y AVANCE DE LAS OBRAS
El proyecto se divide en tres tramos: el que se inicia en Senkata (El Alto) hasta Mantecani (70 km) ejecutado por el consorcio Santa Fe y Copesa, el que parte de Mantecani y llega al límite departamental de Oruro (77,42 km) y el que comienza en ese límite hasta la rotonda del Casco (55,75 km).
Hasta el 30 de junio del 2011, el primer tramo tenía un 32% de avance de obra. El plazo para finalizar los tres tramos es febrero del 2014.
Empresas bolivianas rinden examen en la bioceánica
Consorcio Santa Fe Copesa invirtió $us 2 millones en una planta de asfalto
Santa Fe de Costa Rica, la Asociación Accidental Brabol (de Brasil y Bolivia) y José Cartellone Construcciones Civiles SA de Argentina se unieron con las empresas Copesa SA y Ciabol Ltda. para construir la moderna carretera Doble Vía La Paz-Oruro. Un reto para las constructoras bolivianas.
El superintendente de Santa Fe Copesa, Humberto Nazra, indica que su consorcio y los otros dos que se adjudicaron la obra tienen un plazo definido de entrega, pero hay ya la intención de acortarlo. Disminuir costos y ganar experiencia es la meta. “La mayoría somos bolivianos que nos estamos incorporando en el mercado nacional y rindiendo un examen para adjudicarnos proyectos futuros y competir con empresas internacionales”.
Invirtieron $us 20 millones en la compra de una planta procesadora de asfalto de la marca ADM, dos trituradoras, 175 equipos de última generación. Contrataron a 400 personas con experiencia.
El responsable de la instalación reparación y calibración de la planta, Santiago Santana, destacó que la planta procesadora es uno de los dos modelos que existen a nivel mundial; su mayor ventaja es que no emite gases tóxicos ni contamina el suelo y el aire, y tiene la capacidad de generar de 170 a 400 toneladas de asfalto por hora.
Nazra añade que la ejecución de la carretera contiene especificaciones mucho más exigentes que cualquiera que se haya construido en Bolivia, “esperamos cumplir con los estándares exigidos con la mayor calidad”.
Una de ellas es la calidad de los materiales. Edwin Salas, de Santa Fe, indica que el cemento asfáltico proviene de Colombia y los agregados que se mezclan con él (piedra triturada de varios tamaños) viene de regiones cercanas a la vía.
Nelson Perales informa que en el contrato que firmaron las empresas figuran plazos para la ejecución de cada tramo. “Si alguna tiene un desfase mayor del 10 por ciento en su cronograma, se empezará a retener el porcentaje de dinero incumplido. Si quieren que se les devuelva el monto, deberán recuperar el atraso”.
“En caso de incumplir la obra, se impondrán multas que se contabilizarán cada 30 días por el 2% del total facturado. Si llegaran a más del 10 por ciento, se rescinde el contrato”, aclara.
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