OAS no cumplió requisitos de ABC

El ente fiscalizador encontró una serie de irregularidades en el contrato.

El contrato suscrito entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la empresa constructora OAS, el 4 de agosto de 2008, para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos tiene una serie de observaciones de acuerdo con un informe de la Contraloría General del Estado del 4 de junio de 2010.
Ese documento, que lleva la firma del gerente de Auditoría Externa de la Contraloría, Javier Vega Viza, fue remitido al presidente de ABC, Luis Sánchez Gómez.
Según la comunicación oficial del ente fiscalizador y el artículo 2 del Decreto Supremo 26237, corresponde iniciar un “proceso administrativo” contra los servidores públicos que contravinieron la citada normativa durante la ejecución de las operaciones correspondientes a la licitación pública internacional para construir la mencionada vía.
LA CONSTRUCTORA NO TIENE EXPERIENCIA. El informe de la Contraloría sostiene que OAS no tiene la experiencia necesaria demostrada para desarrollar un trabajo de la magnitud de la carretera que tiene el principal objetivo unir los departamentos de Cochabamba y Beni.
De acuerdo con el documento, la empresa debería demostrar su cualidad previa en el Formulario A-6, “Experiencia específica del proponente. El proponente detallará en este formulario las obras similares a la requerida en la convocatoria efectuadas en los últimos 15 años”.
En ese contexto, el informe indica que la constructora OAS incluyó en el Formulario A-6 dos obras que no son similares a la que fue objeto de contratación.
Otra de las presuntas irregularidades es que incluye una obra que no cuenta con el respaldo documental respectivo.
Además, hay errores en el cálculo respecto de la conversión de moneda que presentó OAS para adjudicarse la construcción, al igual que en las sumas cobradas por realizar determinadas obras que no son, según observa el reporte, relativamente similares en sociedad con otras empresas.
OTRAS OBSERVACIONES. Las objeciones de la Contraloría General del Estado contemplan también las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de licitación sobre las modificaciones al Documento Base de Contratación y otras.
Entre las operaciones observadas en el proceso, se puede destacar la deficiencia en la publicación de los Formularios 110 y 200 del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). El primero es el que hace referencia a la solicitud de publicación de ampliación, cancelación y otros.
El informe detalla que la última ampliación de los términos contractuales se hizo el 25 de julio de 2008, pero que no fue publicada “en el plazo mínimo de un día hábil antes de la fecha de presentación de las propuestas inicialmente fijadas”.
El registro del Formulario 200, referido a la finalización del proceso de contratación, fue un requisito que se cumplió después de 123 días.
“La finalización del proceso de contratación se registró en Sicoes, por Sergio Guevara Nina, en su calidad de profesional de Contrataciones de la ABC y usuario de registro, con un retraso de 123 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato”.
El contrato se suscribió el 4 de agosto de 2008 y el acuerdo se registró el 4 de febrero de 2009.
Enmiendas al documento base de contratación. En el marco del informe, al que tuvo acceso La Prensa, en el Documento Base de Contratación se realizaron 22 enmiendas en total a través de tres resoluciones del Directorio de la ABC, las que no fueron sustentadas con documentación. Además, éstas deberían introducirse antes de que se emitiera la resolución de aprobación del Documento Base de Contratación.
El precio referencial. La Contraloría también observó la forma en que se hizo el cálculo del “precio referencial” por la carencia de fundamentos y bases para determinarlo. Consta en el informe que el precio no fue fijado ni aprobado por la unidad solicitante para la construcción del proyecto, que, de acuerdo con el informe, debió ser la Gerencia de Construcción de la ABC; sin embargo, esa tarea fue hecha por un consultor externo sobre los parámetros de obras en el tramo Guayaramerín-Riberalta.

436 millones de dólares fue el precio referencial para la contratación de la construcción de la carretera.

Según La aplicación de la ley 1178 y la Responsabilidad del Funcionario Público, las personas que incurrieron en las faltas anotadas en el informe de Contraloría son pasibles a un proceso por responsabilidad administrativa.
El decreto supremo 26996 del 17 de abril del 2003. Esa norma establece la fase de preinversión en un estudio de factibilidad, de evaluación de impacto ambiental y diseño final de la carretera.
El 17 de agosto de 2007. En esa fecha, la ABC inició el proceso de contratación para el “Estudio de factibilidad Técnico Económico, Impacto Ambiental y Diseño Final de la Ruta F-24”, bajo la modalidad de concurso de propuestas. Por los elevados costos, mediante resolución administrativa de 29 de febrero de 2008 se canceló la contratación para encarar el estudio.
Licitación pública. En el informe se muestra que el 9 de febrero de 2008, mediante Resolución de Directorio ABC/09/2008, se aprueba el Documento Base de Contratación de Licitación Pública Internacional LPI Nº001/2008, y el 4 de marzo de 2008 se lanza la publicación de la convocatoria internacional para la Ruta F-24, que une Villa Tunari con San Ignacio de Moxos, entre Cochabamba y Beni.

Informe de la contraloría devela supuestos problemas en el contrato

EXPERIENCIA
La constructora OAS no demuestra experiencia que se relacione con geodesia y uso de materiales.
ENMIENDAS
En el proceso de contratación, la OAS y la ABC aprobaron una serie de enmiendas al documento.
INCONSISTENCIA
En el informe se denuncia una supuesta inconsistencia entre el modelo de contrato y el contrato ABC Nº 218/08. INCUMPLIMIENTO
Asimismo, se dice que, por incumplimientos en el proceso, se debe sancionar a los responsables.