La Contraloría General del Estado intervendrá el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) que tiene más de 40 procesos entre penales (6), laborales (9), coactivos (25) y administrativos (sin precisar).
La Contraloría actuará a pedido del gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo quien antes recibió un informe del Ministerio de Transparencia requiriendo una auditoría al Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).
La autoridad departamental sostuvo el viernes pasado una reunión con representantes de la Contraloría a nivel nacional y departamental. “Ellos -de Contraloría- han señalado que van a priorizar esta solicitud debido al escándalo generado”, dijo Novillo.
La Gobernación debe formalizar la solicitud a través de una carta para que la entidad fiscalizadora envíe a la brevedad posible un equipo que realice las investigaciones.
“Hemos instruido una estricta aplicación de las sanciones a quienes corresponda”, reiteró Novillo explicando que en reuniones sostenidas con Asesoría Jurídica se investigará e identificará a los responsables y se impondrán las sanciones administrativas, civiles y/o penales.
Luego del informe presentando por Transparencia, tres procesos más fueron iniciados por Asesoría General del Sedcam.
PROCESOS El primero de los procesos será contra los cotizadores acusados de estar implicados en la presentación de proformas de diferentes empresas llenadas con la misma letra.
El segundo referido a la falta de documentación por la compra de 19 mil litros de combustible. “Se solicitó la compra de 19 mil litros, pero no se tiene el descargo de 9 mil litros”, explicó la asesora legal del Sedcam, Teresa Céspedes.
El tercer proceso iniciado recién fue por la compra de llantas cuyas marca y calidad no corresponden a las solicitadas. “En este caso ampliaremos el proceso a las empresas proveedores”, agregó.
PENALES Entre los casos más graves están los seis procesos penales referidos a delitos como incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica, entre otros, contra exfuncionarios donde también están involucradas personas particulares.
El primero hace referencia al alquiler de un equipo para transportar maquinaria pesada, cuyo descargo no coincide con el verdadero servicio prestado.
El segundo -de incumplimiento de deberes y abuso de confianza- iniciado tras un accidente de tránsito por una persona particular en estado de ebriedad. “En un día de descanso, el sereno se salió de su puesto, y un particular entró y sacó el vehículo”, explicó Céspedes, señalando que hasta la fecha el conductor está desaparecido.
El tercer caso fue abierto luego de encontrar a un funcionario que prestaba un servicio particular haciendo uso de la grúa sin ninguna autorización.
El cuarto proceso tiene que ver con una sanción de Impuestos Nacionales (SIN) que fue cubierta por el Sedcam. Dos exdirectores no presentaron la información requerida por SIN.
El quinto proceso, de falsedad material y uso de instrumento falsificado, fue iniciado contra un exfuncionario que en la compra de una chapa presentó una factura “chuta”.
Finalmente, el sexto caso por incumplimiento de deberes, se debe a una corresponsabilidad de funcionarios que no presentaron un reporte requerido por SIN.
Terceros informó que en el transcurso de la jornada deben incorporarse dos nuevos funcionarios para dar seguimiento y celeridad a estos procesos.
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