La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) dijo ayer que la empresa cocalera Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) y la Empresa Boliviana de la Construcción (EBC) no cumplen con el Decreto Supremo 181 de contratación de servicios.
Christian Eduardo Rojas, presidente de la Caboco, recordó que la norma básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (Decreto Supremo 181) establece que para las contrataciones mayores a ocho millones de bolivianos la empresa requiere contar con el registro del Viceministerio de Transportes y “para ello se solicita estar afiliado a una de las cámaras de la construcción”.
Según Rojas, ninguna de las dos está afiliada a alguna de las cámaras departamentales y, por tanto, son ilegales. El precio de la obra es de 32,5 millones de dólares.
La AMVI y la Empresa Boliviana de la Construcción (EBC) fueron elegidas, mediante invitación directa, para construir el tramo I de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“La EBC no se encuentra afiliada a ninguna de las cámaras de la construcción y desconocemos la creación de AMVI. No sabemos si la empresa es una ONG o tiene otro carácter”, afirmó ayer el presidente de la Caboco.
En ese sentido, dijo que “supone” que los términos de la contratación directa que las empresas realizaron con la ABC, hasta ahora desconocidos, no toman en cuenta “una figura de deslealtad a la competencia de los privados”.
También dijo “esperar” que la EBC y AMVI puedan honrar sus compromisos con “garantías reales” en los bancos, como lo realizan las constructoras privadas, y no se apoyen en recursos del TGN.
Manifestó que desconoce si las empresas que construirán el tramo Villa Tunari-Isinuta, primer trayecto de la carretera, estén registradas en Fundempresa.
El Gobierno, a través de la ABC, suscribió un contrato con EBC y AMVI para la construcción del tramo carretero.
En el acto de suscripción participaron el presidente Evo Morales, los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, y de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, además del gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, criticó la adjudicación de la construcción de la carretera por haber sido realizada mediante contratación directa.
Afirman que AMVI es de cocaleros
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Julio Salazar reconoció que la Asociación de Mantenimiento Vial (AMVI) tiene como accionistas a cocaleros de las federaciones del trópico de Cochabamba.
Otras revelaciones realizadas por el asambleísta, y también productor de la hoja verde, señalan que dicha entidad opera con maquinaria donada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la que los cocaleros habrían adquirido con el tiempo, según informó ayer la red ERBOL.
“Es una empresa que no se ha conformado con fines de lucro, ha estado trabajando en el trópico en el mantenimiento de caminos; hay algunos cocaleros que no sólo son productores que forman parte de ella (') Cuando ha tenido que abandonar Usaid les ha transferido algunas maquinarias”, aseveró.
Salazar también destacó que la empresa fue creada con “fines sociales”, como apoyo al sector productivo y descartó que existan irregularidades en la adjudicación directa del proyecto. Resaltó el costo del proyecto en 32,5 millones de dólares, precio menor con referencia al presupuestado por la brasileña OAS.La AMVI no está afiliada a ninguna cámara de construcción.
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